Sindicato de la ANSES denuncia persecución y promete defenderla en las calles
El SECASFPI, el sindicato de los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social, liderado por Carlos Ortega, emitió un fuerte comunicado denunciando una nueva «embestida judicial» contra Cristina Fernández de Kirchner, que se ha intensificado tras la proclamación de su candidatura a diputada por la 3ra Sección Electoral.
El gremio dirigió sus críticas a los jueces de la Corte Suprema – Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz – a quienes acusó de ser “el brazo ejecutor del poder económico y mediático” y de operar como un “tribunal de venganza política” que toma decisiones alineadas con intereses que socavan la Constitución.
Según el SECASFPI, esta persecución no solo tiene como objetivo a la ex presidenta, sino que también busca desmantelar los derechos adquiridos durante su gestión. Ortega expresó: “A Cristina la persiguen por todo lo que hizo bien: por devolver los fondos de los jubilados al Estado, por la moratoria previsional, la Asignación Universal por Hijo, el Procrear, Conectar Igualdad, el plan Qunita, por garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, y por recuperar YPF, Aerolíneas y el sistema previsional”.
El líder sindical subrayó que Cristina simboliza “un proyecto político que transformó Argentina y que sigue siendo una esperanza para millones”, lo que podría explicar los intentos de proscripción en su contra.
El comunicado también advierte sobre el deseo de lograr “la foto” de Cristina encarcelada, un objetivo que, según el sindicato, refleja la incapacidad de sus oponentes para vencerla en las elecciones. “Quieren verla derrotada porque no pudieron en las urnas”, afirmaron. En respuesta, el SECASFPI dejó clara su postura de resistencia: “La defenderemos en las calles, en los lugares de trabajo y donde sea necesario. Si vienen por Cristina, vienen por el pueblo. No lograrán con ella, ni con nosotros”, enfatizó Ortega.
El sindicato también alertó sobre el papel de la Corte Suprema, a la que acusan de priorizar los intereses del “poder real” sobre la justicia. Esta denuncia se suma a las críticas de varios sectores que cuestionan la imparcialidad del máximo tribunal en asuntos de gran impacto político.
