La Iglesia le exigió al Gobierno que apoye con recursos a las personas con discapacidad

El Episcopado destacó que «el acceso a servicios esenciales como salud, educación, rehabilitación y apoyos para la vida cotidiana de las personas con discapacidad debe ser una prioridad en toda política pública». La CEA aseveró que «el Gobierno nacional debe proporcionar recursos para que el área de Discapacidad pueda llevar a cabo su labor con responsabilidad y eficacia». Firmado por Monseñor Marcelo Colombo (Presidente), Cardenal Ángel Rossi (Vicepresidente 1º), Monseñor César Fernández (Vicepresidente 2º) y Monseñor Raúl Pizarro (Secretario General), los obispos criticaron la falta de atención y el desinterés de las autoridades hacia la discapacidad, instando a evitar «actitudes y expresiones que hieren, con lenguajes despectivos y crueles que atentan contra la unidad que tanto necesitamos como pueblo». Esto se refiere a comentarios de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien, al hablar con la madre de Ian Moche, un niño influencer con autismo, le dijo que «si tuviste un hijo con discapacidad es un problema familiar, no del Estado». Para el Episcopado, «el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser aplazado ni subordinado a otras prioridades: es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad», según se establece en el comunicado.

Ajuste en discapacidad: organizaciones denunciaron al Gobierno ante la ONU. La alarmante situación que enfrentan más de 1.200.000 personas con discapacidad en Argentina ha llegado a la atención de Naciones Unidas. Este jueves, miles de familias y profesionales se movilizan a lo largo del país exigiendo la ley de emergencia, mientras diversas organizaciones presentan su reclamo ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La dificultad para acceder a pensiones, la falta de aumentos para los prestadores desde diciembre pasado y el desfinanciamiento de programas nacionales han llevado al sector a una crisis sin precedentes. La denuncia señala que a finales del año pasado, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto los requisitos para otorgar pensiones por discapacidad (decreto 843/24), lo que infringe los compromisos internacionales asumidos por Argentina y pone en grave riesgo el acceso a derechos básicos de este grupo altamente vulnerable.