El Gobierno sancionará y denunciará a las entidades bancarias que no cumplan con el «impuesto al cheque»
Este tributo, que es el cuarto más relevante en términos de recaudación, grava las transacciones bancarias con una alícuota del 1,2%.
El 6 de junio de 2025, se dieron a conocer las preocupaciones del Ejecutivo sobre el incumplimiento por parte de algunos bancos en la declaración oportuna de los ingresos relacionados con el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como «impuesto al cheque». Este impuesto, que representa montos significativos dado el volumen de operaciones, es de vital importancia para la recaudación fiscal. Por lo tanto, el Gobierno está preparando una denuncia enfocada en la falta de pago de los bancos, que tienen la responsabilidad de retener y remitir estos montos al fisco cada quincena. Si se identifican irregularidades, se impondrán multas económicas y se presentarán denuncias penales contra los bancos que incumplan. Por ejemplo, una de las instituciones bajo investigación habría reportado transacciones por $ 2.200 millones en un mes.
El año anterior, la recaudación de este impuesto alcanzó los $ 9.417.135 millones, lo que equivale a un aumento interanual cercano al 200%. Actualmente, el impuesto al cheque representa cerca del 7% del total de la recaudación tributaria, posicionándose como el cuarto tributo más relevante, después del IVA, los aportes a la Seguridad Social y el Impuesto a las Ganancias.
Cabe destacar que ciertas transacciones, como la acreditación de préstamos, sueldos, jubilaciones, pensiones y transferencias entre cuentas del mismo titular, están exentas de este impuesto. La investigación del Gobierno responde a una estrategia más amplia para mejorar la recaudación, relacionada con recientes iniciativas sobre los «dólares del colchón». En este contexto, se ha enviado al Congreso un proyecto de ley para incentivar a quienes deseen formalizar sus ahorros en moneda extranjera a través de compras o inversiones financieras.
Entre las modificaciones propuestas, se incluye un cambio significativo en los montos a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investigará posibles casos de evasión: el umbral actual de $ 1.500.000 se elevará a $ 100.000.000. Además, se pretende acortar los plazos de prescripción del delito de evasión tributaria a tres años y limitar a la propia agencia la capacidad de presentar denuncias penales.
