El Gobierno celebra un fallo que condena la violencia digital en la administración pública
La sentencia N° 125/25, emitida por la jueza de faltas Marcela Cortés, establece no solo sanciones económicas por violencia digital, sino que también pone de manifiesto la desprotección de quienes deberían ser protegidos, según las declaraciones de Ibarra. Este martes, la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, junto al subsecretario Julio Ferro del área Legal y Técnica del Ejecutivo, comentaron sobre un fallo en el que tres personas, incluyendo a una mujer, fueron condenadas, marcando un avance en la lucha contra la violencia digital. La resolución no solo expone conductas inaceptables, sino también el silencio cómplice de quienes debieron proteger a la víctima al conocer este hecho humillante.
En este contexto, el Gobierno del Chaco informa que, a través de la Sentencia N° 125/25, la jueza Cortés dictó la primera condena en la provincia por violencia de género digital, la cual ocurrió durante una asamblea gremial, estableciendo un precedente histórico en la protección de derechos digitales y la integridad de las trabajadoras estatales. Se subraya el riesgo que enfrentan las funcionarias públicas en este ambiente, especialmente cuando deben actuar impartiendo orden en la administración pública.
El fallo castiga a tres individuos por la difusión no consentida de imágenes íntimas de una funcionaria del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. Estas imágenes fueron distribuidas entre mayo y junio de 2024 a través de redes de mensajería, incluso enviadas al número institucional del gremio UPCP bajo el nombre de su secretario general, José Niz. Uno de los condenados deberá pagar una multa equivalente a 16 salarios mínimos vitales y móviles y someterse a tratamiento psicológico con perspectiva de género. Los otros dos implicados deberán abonar multas de siete salarios mínimos cada uno y cumplir con capacitaciones obligatorias en el marco de la Ley Micaela, tanto a nivel nacional como provincial.
Cabe resaltar que entre los condenados se encuentra una mujer, lo que representa la primera sanción en la provincia a una mujer por violencia digital contra otra mujer, según el nuevo capítulo sobre identidad digital del Código de Faltas. Desde el Poder Ejecutivo se ha ordenado la ejecución de todos los actos administrativos necesarios para aplicar las sanciones a los dos empleados públicos involucrados, quienes trabajaban en el Ministerio de Gobierno. Además, se ha dispuesto la retención de sus salarios y el descuento de las multas impuestas.
La jueza instó al Estado a fortalecer las políticas públicas de prevención, por lo que el Ministerio promoverá capacitaciones obligatorias sobre violencia digital y protección de datos personales para todos los empleados. Asimismo, se invita al sindicato UPCP a organizar un taller gratuito sobre violencia de género, específicamente sobre violencia digital, dirigido a todos sus afiliados. “No permitiremos que ninguna funcionaria, directora ni trabajadora del Estado sufra ningún tipo de violencia en el ámbito laboral ni gremial”, afirmó la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra. Además, se cuestionó la inacción del UPCP, que no activó ningún protocolo institucional ante un hecho de tal gravedad que comprometió la integridad de una mujer, mientras que el expediente revela intenciones maliciosas en la difusión de dichas imágenes.
