El Gobierno busca prolongar las facultades que le fueron otorgadas mediante la Ley Bases

Estas atribuciones especiales vencerán el próximo 8 de julio, después de un año de vigencia.

Estas competencias permiten al Ejecutivo avanzar en una extensa reforma del Estado, abarcando áreas como la administración, economía, finanzas y energía, con la autoridad para eliminar, fusionar o transformar organismos públicos, empresas estatales y fondos fiduciarios. Fuentes oficiales han confirmado que los equipos legales están analizando diversas opciones para prorrogar estas facultades por un mínimo de tres meses. A pesar de que reconocen que esta estrategia podría ser objeto de impugnación judicial, aseguran que está «en estudio».

Desde la Casa Rosada son conscientes de las dificultades para obtener apoyo legislativo que permita una nueva ley de prórroga. Los bloques aliados en ambas cámaras del Congreso muestran resistencia a esta medida, y el oficialismo no tiene la intención de convocar al Parlamento antes de las elecciones legislativas de medio término. «No estamos en condiciones de llegar a acuerdos», comentan desde Balcarce 50.

Ante esta situación, el Gobierno está considerando el uso de mecanismos constitucionales alternativos, tomando como referencia el DNU 179/2025, que facilitó la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), limitando el papel del Congreso a convalidar lo actuado. En dicho decreto se invocó el artículo 99 de la Constitución Nacional, el cual faculta al presidente a emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en situaciones excepcionales que impidan el avance en los procedimientos legislativos normales, siempre y cuando no se trate de temas penales, tributarios, electorales o partidarios.

Si se decide seguir este camino, el DNU debería ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso en un plazo de diez días desde su publicación. Este cuerpo, presidido por el senador Juan Carlos Pagotto, sería responsable de impulsar su tratamiento legislativo.

Además, el Ejecutivo cuenta con jurisprudencia favorable de la Corte Suprema. En particular, el fallo «Verocchi» (Fallos 322:1726) define la «excepcionalidad» como una situación que requiere una solución legislativa urgente que no se acomode a los tiempos ordinarios del Congreso.

Si avanzan por esta vía, el Gobierno buscaría asegurar políticamente el proceso, especialmente en un contexto electoral. Por otro lado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya ha preparado varias medidas que dependen de estas facultades delegadas, incluyendo la eliminación de 24 organismos, la fusión de 15 estructuras, la transformación de otras 16 y la derogación de más de 40 leyes. También se prevé la disolución de todos los fondos fiduciarios, salvo el que subsidia el consumo residencial de gas.